produce el daño físico y psicológico de las
personas afectando su bienestar individual,
esta sensación puede resultar incluso más
influyente que la victimización real, ya que
condiciona comportamientos como evitar
espacios públicos como calles, parques,
plazas, entre otros.
Por lo tanto, analizar la relación entre
victimización y percepción de inseguridad,
puede mantenerse alta incluso en quienes no
han sufrido un delito, debido a la exposición
mediática de hechos violentos y a la
presencia de signos de inseguridad en el
entorno. Investigadores como (Iglesias
Quintana, 2023) enfatizan que el incremento
de la violencia en Guayaquil ha afectado
considerablemente la calidad de vida de sus
ciudadanos, generando temor y aislamiento
social. En este sentido, el (Observatorio de
Seguridad Ciudadana de Guayaquil, 2023, p.
6) propone como parte de los análisis
variables sociodemográficas como la edad, el
género o la ubicación, facilita la
identificación de patrones significativos para
entender cómo se genera el miedo al delito y
cómo este impacta la vida urbana y la
cohesión social.
La criminalidad es un fenómeno social
complejo que comprende el conjunto de
delitos cometidos dentro de un determinado
espacio y tiempo, así como las respuestas que
las instituciones ofrecen frente a ellos. Se
relaciona con factores estructurales,
culturales, económicos y políticos que
inciden en la conducta de los individuos y
grupos sociales (Flores, 2020)
Según (Ariza, 2022), la criminalidad no debe
analizarse únicamente desde la perspectiva
legal, sino también desde su impacto social,
pues "no todo acto delictivo produce el
mismo nivel de afectación ni genera igual
percepción de inseguridad en la población".
De esta manera, se reconoce que el entorno
social y mediático también moldea la forma
en que la ciudadanía experimenta y responde
al crimen. Diversos estudios coinciden en que
las tasas de criminalidad aumentan en
contextos marcados por pobreza, desempleo,
desigualdad y falta de oportunidades. indican
que en América Latina, la exclusión social se
ha constituido como uno de los principales
factores estructurales de la violencia urbana y
el delito, siendo las poblaciones más
vulnerables las más afectadas. Por otra parte,
la criminalidad ha adquirido nuevas
dimensiones en el siglo XXI, como la
expansión del crimen organizado
transnacional, el tráfico de drogas, armas y
personas, así como la ciberdelincuencia.
Estas modalidades han generado desafíos
para los sistemas tradicionales de prevención
y control del delito (OEA, 2022)Según
(Briceño-León, 2021), “la delincuencia
violenta ha dejado de ser un hecho aislado
para convertirse en una experiencia cotidiana
que genera miedo, transforma los hábitos
sociales y erosiona la confianza colectiva”
Factores sociales como la pobreza, la
desigualdad y la falta de oportunidades
influyen significativamente en la inseguridad
ciudadana, tendiendo a incrementar la
propensión a la delincuencia (Ortega
Álvarez, 2021); asimismo, la desigualdad y la
discriminación también contribuyen a la
violencia y el desacato de los derechos
humanos, Asimismo, investigaciones
centradas muestran que las privaciones,
desempleo y débil acceso educativo inciden
en el aumento de delitos (Jara Castro, 2024).
Por otra parte, la ausencia de coordinación
entre entidades públicas y privadas, junto con
las deficiencias en la gobernabilidad,
dificultan la implementación eficiente de
medidas de seguridad, constituyendo el
contexto social en el que se incrementan la
criminalidad y la inseguridad (ONU, 2023)